El Proyecto FAIRCOM tiene por objetivo diseñar y promover un modelo eficaz y eficiente de indemnización justa y apropiada para las víctimas de delitos sexuales en la Unión Europea.
En la última decada, la situación de las víctimas del delito y la protección de sus derechos ha recibido mayor atención de la Unión Europea y sus miembros a través de la adopción de varias Directivas en esta materia. El derecho de la víctima a una indemnización justa y apropiada pasa a ser considerado uno de primera necesidad, dado que puede proveer a la víctimas de apoyos financieros para, por lo menos, obtener el tratamiento de salud física y mental y algún tipo de reconocimiento del trauma sufrido. El sistema de justicia penal debe estar centrado en las necesidades y preocupaciones de la víctima para facilitar la obtención de una indemnización adecuada por el dolor y el sufrimiento, independientemente de la nacionalidad de las víctimas.
A pesar de que casi todos los Estados Miembro hayan realizado ya la transposición legal, un informe reciente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género reveló que la cuestión de la aplicación en la práctica y la eficiencia sigue sin resolver en varios países.
En general, las víctimas del delito pueden obtener una indemnización monetaria por las lesiones y/o daños que hayan sufrido a través de dos fuentes de indemnización: del agresor o del Estado. Además, muchas condiciones y aspectos procesales varían de un Estado a otro, lo que da lugar a un trato desigual de las víctimas según el lugar de comisión del delito. Esto supone un enorme obstáculo para percibir una indemnización justa y adecuada por el daño sufrido para las víctimas, tanto nacionales como de terceros países.
En consecuencia, FAIRCOM pretende desarrollar unos estándares mínimos a nivel europeo sobre la indemnización para víctimas de delitos sexuales que contribuyan a una implementación más coherente y consistente de la Directiva 2004/80/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre indemnización a las víctimas de delitos y la Directiva 2012/29/UE Del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.
Este Consorcio pretende modificar el paradigma actual bajo el cual las víctimas de delitos sexuales perciben bajas indemnizaciones mediante el diagnóstico de las barreras legales y organizativas que impiden a las víctimas de delitos sexuales reclamar y acceder a su derecho a una indemnización e identificar y desarrollar buenas prácticas que permitan a las víctimas ejercer efectivamente su derecho.